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Los socialistas anuncian un recurso contencioso administrativo contra los acuerdos del Pleno que permiten la privatización del Canal de Isabel II

Natalia de Andrés

Natalia de Andrés, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcorcón

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos aprobados en el Pleno Municipal del pasado lunes con el fin de intentar paralizar lo que consideran que son “los primeros pasos” para facilitar la privatización del Canal de Isabel II.

En este sentido, De Andrés ha recordado que la red de distribución de agua es una competencia y propiedad municipal pero, en el Pleno celebrado el pasado lunes “se aprobaron dos convenios que implicaban la incorporación del Ayuntamiento de Alcorcón al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II” tras lo que ha criticado que se apruebe “la cesión a una sociedad que aún no existe, lo que puede llegar a ser un fraude de ley ya que se plantea una ficción jurídica”.

Además, ha indicado que “parece que lo que se pretende con esta ingeniería jurídica es evitar la Ley de Contratos del Estado”, tras lo que ha mostrado sus dudas sobre varios aspectos sin definir, a pesar de la importancia de esta cesión de un patrimonio público, como “qué empresa se constituirá, quién ha valorado el patrimonio municipal para determinar el porcentaje de nuestra ciudad sobre esa futura empresa y cómo comprobamos que nuestra red de saneamiento vale un 0,51420 por ciento de una sociedad aún no creada”.

“Se plantea un nuevo modelo de gestión pero desconocemos cuál; aunque, si ahora es público y se cambia el modelo, se entiende que ya no será un modelo público, y además se realiza con una empresa aún sin determinar y establecer los principios de concurrencia y publicidad”, ha destacado la portavoz socialista, tras lo que ha añadido que “se trata de una cesión de 50 años, lo que nos parece un plazo un poco excesivo para hipotecar una ciudad”.

De Andrés ha anunciado que la intención es “vender el contrato de gestión del agua que no pertenece al Canal sino al Ayuntamiento, y esta modalidad de gestión no puede ser de forma obligada ya que debe ase adjudicada en la libertad de la concurrencia”.

Además, ha señalado que “esta decisión obliga al Ayuntamiento a adquirir una serie de acciones con la nueva sociedad, pero sin concretar el valor de las mismas sino dejándolo en mano de una de las partes y, además, no se definen tampoco las contraprestaciones que va a recibir el municipio”.

“Nos encontramos ante una indefensión del patrimonio e intereses municipales importante” ha denunciado De Andrés, que ha añadido que, desde el Grupo Municipal Socialista, “no entendemos por qué se quiere privatizar un servicio que lleva 160 años de gestión eficaz en esta Comunidad de Madrid que genera importantes beneficios y un altísimo grado de satisfacción de los usuarios” por lo que “la única explicación es que hablamos de una acción ideológica que va en detrimento de los vecinos y de un servicio que da calidad a los ciudadanos”.

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12 octubre, 2011. Archivado en Actualidad,Medioambiente,Política.