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La jueza ordena el archivo de la actuación contra los concejales del Partido Popular de Alcorcón

Barrio de Fuente Cisneros

El alcalde de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana, no se ha salido con la suya. La justicia ha vuelto a darle un rapapolvo ya que la jueza ha dictado un auto en el que ordena el sobreseimiento y archivo de la causa contra los concejales del Equipo de Gobierno del Partido Popular que gobernó entre 1999 y 2003. Las actuaciones habían sido iniciadas por la Fiscalía tras una denuncia presentada por el Equipo de Gobierno municipal, presidido por Cascallana.
El asunto se refería a una presunta prevaricación cometida por los populares en Fuente Cisneros, por haber aprobado un desarrollo urbanístico con menos viviendas públicas que las obligadas por la ley.
La denuncia venía avalada por un informe realizado por la directora general de Planificación de la Ciudad, Manuela Arias Gallego, nombrada por el Gobierno de Cascallana, quien señalaba que se habían cometido una serie de irregularidades en la aprobación de ese desarrollo. Se da la circunstancia que esta misma señora firmó en su día los informes favorables a ese plan urbanístico, cuando era técnico municipal. El auto destaca esta incoherencia, ya que Manuela Arias firmó una cosa como funcionaria del Gobierno popular y la contraria cuando años después tiene un cargo político en el Gobierno socialista.
Desde el Gobierno municipal, la concejala de Urbanismo, Natalia de Andrés, ha destacado que la causa no era iniciativa del alcalde Cascallana, sino de la Fiscalia, que habría encontrado indicios de delito.
La señora De Andrés, es citada expresamente en el auto ya que se señala que fue ella quien pidió a la directora general un informe contradictorio con el que se elaboró en su momento y que sirvió de base para la aprobación del enclave de Fuente Cisneros. En el auto, la jueza afirma también que Natalia de Andrés es “cuando menos sospechosa de parcialidad por cuanto, justo el año que encarga la emisión de los informes a doña Manuela, en 2009, fue condenada por una falta de injurias contra el que fue concejal de Urbanismo por el Partido Popular e imputado en esta causa, don Fernando Díaz Robles”.
Por último, el texto destaca el hecho de que desde 2003, año en que los populares abandonaron el Gobierno municipal, no se puso en marcha ninguna acción contra esta presunta irregularidad durante más de seis años, por lo cual, “no resulta descabellado presumir la existencia de motivaciones políticas tras la presentación del escrito por el Ayuntamiento de Alcorcón ante la Fiscalía”.

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21 diciembre, 2010. Archivado en Actualidad,Política,Urbanismo y Vivienda.