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Los funcionarios nombrados por el socialista Enrique Cascallana volverán a su condición de personal laboral

OficinaVaciaSegún publica hoy el diario El País, el Ayuntamiento de Alcorcón ha acordado devolver a su condición de personal contratado laboral a 620 funcionarios que habían sido nombrados por el anterior gobierno municipal dirigido por el socialista Enrique Cascallana.

La decisión se basa en un informe vinculante del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que aprecia un “cúmulo y reiteración de vicios e irregularidades” en el proceso de funcionarización de estos 620 empleados públicos, deduciendo que el Ayuntamiento prescindió de todo procedimiento legal.

Dicho informe el Consejo asegura que el proceso se abrió sin haber elaborado antes la oferta pública de empleo y califica las pruebas de selección como una “pseudo oposición”, censurando que en la fase de concurso solo se tuvieran en cuenta los servicios prestados en el Ayuntamiento de Alcorcón y no en otras administraciones, así como que se incluyeran pruebas como “la defensa curricular o la entrevista con el candidato”.

Según explica el informe, en la fase del concurso solo se valoraron los servicios prestados en el Ayuntamiento mientras que en la de oposición “no hubo una verdadera prueba de aptitud, sino un sistema de evaluación sui géneris que responde al trabajo que se desempeña habitualmente”. En esta segunda evaluación, continúa el informe, había un primer ejercicio práctico y una segunda parte, que podía consistir en la defensa oral del primer ejercicio o del currículum del aspirante. El mérito de los servicios prestados, apunta el Consejo, “no pueden suplir la necesidad de demostrar los conocimientos y la capacidad exigidos”.

El Consejo asegura además que el Ayuntamiento permitió que en las oposiciones participaran aspirantes “que no tenían derecho a ello” porque no reunían los “requisitos esenciales”. Señala que las bases que detallaban el acceso a algunos de los puestos —como los del patronato de deportes y los de la universidad popular— ni siquiera puntualizaban que la convocatoria era únicamente para personal laboral fijo, como exige la ley. De esta forma, a las pruebas se presentaron, incluso, 23 empleados temporales, según los cálculos del Ayuntamiento.

Según el órgano, el Consistorio configuró este procedimiento como una fórmula para que el personal laboral accediera a la categoría de funcionario, y no como una vía de promoción interna abierta a los funcionarios que quisieran ascender, como marca la ley. La normativa, dice el informe, exige además que el personal laboral que participe en estos procesos selectivos esté prestando servicios de carácter funcionarial antes de 2007, la fecha de entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, que es la norma que ampara este tipo de procedimientos.

La anulación de los 620 nombramientos de funcionarios, más de la mitad de los 1.154 con los que cuenta el Ayuntamiento actualmente comenzará a comunicarse el viernes a los afectados, que no perderán su trabajo sino tan sólo su condición de funcionarios públicos.

El actual alcalde, David Pérez, ha criticado duramente el proceso de funcionarización, llegando a afirmar que “el PSOE convirtió el proceso en un coladero para que personas sin derecho a adquirir la condición de funcionario lo hicieran. Se les quiso blindar en un procedimiento que fue abusivo, salvaje e irregular”.

El anterior alcalde sin embargo defiende el proceso, asegurando que “fue una decisión política para unificar al máximo la cuestión de los funcionarios, que además suponen un coste inferior a la Administración que el personal laboral”.

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26 noviembre, 2014. Archivado en Economía y Empleo,Portada.