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Alcorcón exige a la Comunidad que asuma gastos de la Oficina Rehabilitación y pague los 260.000 euros que le adeuda

Cascallana inaugura la oficina de rehabilitación de viviendasEl alcalde de Alcorcón y senador por Madrid, Enrique Cascallana, ha denunciado que la Comunidad de Madrid adeuda 260.000 euros contemplados en el convenio firmado para la rehabilitación de viviendas, entre el propio Gobierno regional, el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento de Alcorcón.

Según este convenio, el Ayuntamiento actúa como gestor en el desarrollo de la política de rehabilitación y tiene que contratar todos los medios técnicos, jurídicos y administrativos para la rehabilitación de 2.000 vivienda, comprometiéndose el Ministerio a sufragar un 40% de los gastos y la Comunidad el 60% restante, lo cual obliga al Ejecutivo de Aguirre a aportar 737.370 euros y el Ministerio los 491.580 euros restantes.

Esta oficina, que abrió sus puertas hace poco más de un año y es el organismo encargado de tramitar la mejora y modernización de 13.000 pisos de la ciudad en la zona centro y en los barrios de San José de Valderas y Campodón ha tenido desde entonces unos gastos de personal que ascienden a 260.382 euros.

El problema es que según ha explicado el Alcalde de Alcorcón, la Comunidad de Madrid no reconoce el convenio firmado por Ana Isabel Mariño (Consejera de Ordenación del Territorio de la Comunidad), Beatriz Corredor (Ex-ministra de vivienda) y el Ayuntamiento de Alcorcón, negándose a abonar la cantidad estipulada.

Ante esta situación, calificada como “esperpéntica” por Enrique Cascallana, el Alcalde ha exigido a la Comunidad de Madrid que cumpla su compromiso y abone esta cantidad, “ya que el Ministerio ya ha transferido su 40 por cuento al Gobierno regional, que lo está reteniendo y no los transfiere a la ciudad de Alcorcón”.

En consecuencia y ante lo que Cascallana considera como un “boicot activo a la política de vivienda” que tendría como objetivo el cierre de la Oficina de Rehabilitación que no cobre el personal el Alcalde ha exigido que se cumpla el convenio amenazando con acudir a los Tribunales.

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9 noviembre, 2010. Archivado en Urbanismo y Vivienda.